Un golpe a la pantalla: la Ley Televisa. La lucha de los medios públicos mexicanos por un marco jurídico equitativo*

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Los conglomerados mediáticos latinoamericanos (pienso en Grupo Cisneros en Venezuela; Grupo Clarín en Argentina; Globo en Brasil y Grupo Televisa en México) reproducen de manera ciega y usurera la estructura imperialista de la comunicación internacional. Una de ellas, la inequívoca historia de la comunicación en México, gira alrededor de los dos únicos amantes considerados por el tentador capital como dignos para compartir sus amoríos: el gobierno y el monopolio. Desde que la radio y la televisión se consideran una industria, la relación entre el gobierno y los dueños ha ganado intimidad: en un primer momento era aquél quien imponía las reglas, el que sostenía el poder patriarcal al legislar los marcos jurídicos para delimitar el actuar de los medios; unas décadas después, con los avances tecnológicos y la comunicación de masas, el gobierno todavía autoritario pero herido en su vanidad se vio en necesidad de aliarse con ellos ante su probada seducción, entrelazando aún más su relación pero equilibrándola; finalmente, desde hace no pocos años, son éstos, los medios privados, quienes se han apoderado de casi la totalidad de las frecuencias así como de las alcobas más alegóricas del gobernante: las cámaras de representantes.

Esta historia erotizada de los padres adoptivos de la comunicación en México ha dejado sin acta de nacimiento (o, en otros términos, sin frecuencias definidas constitucionalmente en un marco legal) a sus hijos naturales: los medios públicos, que sí tienen nombres propios: son las radios y televisoras indigenistas, comunitarias, independientes y universitarias; a quienes en su infancia y adolescencia se les han impuesto reglamentos inverosímiles para obtener frecuencias o, simplemente, se les han negado por su origen étnico, así como se les han disminuido las vías de financiamiento y atacado violentamente, al confiscarles edificios, ametrallado aparatos y asesinado reporteros; y, sobre todo, cuando las modificaciones a la legislación de radiodifusión son proyectadas, no se les ha dado voz. Sin embargo, en el 2006, los medios públicos mexicanos hombro a hombro con el apoyo e incisiva crítica de los movimientos universitarios, dieron una batalla trágica ante el monopólico golem y ganaron su adultez (tal vez para, en el futuro, asesinar al padre y acostarse con la madre). Fue un golpe a la pantalla televisiva, a quienes la han monopolizado y convertido en esparcimiento abyecto desde su nacimiento en 1950; y un golpe a los decrépitos burócratas y políticos neoliberales que la han vendido frecuencia a frecuencia durante las últimas diez administraciones; por lo tanto, fue un golpe medular, justo cuando la coyuntura se presenta determinante en el horizonte de las comunicaciones en América Latina: el cambio de las tecnologías análogas a la digital.

El objetivo de esta ponencia es exponer la injerencia mayúscula que la movilización universitaria^[1] y los medios públicos tuvieron en la difusión, discusión y consecuente freno de la reforma a la legislación de medios electrónicos y de las telecomunicaciones que se quiso imponer en México en el 2006, y que finalmente fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Dicho proyecto de ley fue conocido como la Ley Televisa dado su origen expresamente empresarial y sus contenidos antidemocráticos que buscaban, en primer lugar, acrecentar el poderío corporativo a través de la digitalización mediática y, en segundo, asegurarse la concentración monopólica al evitar que las radios y televisoras comunitarias, libres e independientes tuvieran acceso a la misma.

La Ley Televisa legalmente era inconstitucional porque atentaba contra la soberanía de la nación y exhibía la derrota del poder formal ante el poder real: el sistema político democrático que sucumbe ante los medios de comunicación. Sin embargo, la Ley Televisa llegó a ser, en el campo de lo social, inconstitucional, gracias a los vínculos que se establecieron entre los movimientos universitarios y los medios independientes que abrieron a la opinión pública un debate que en los medios oficiales y comerciales se encontraba ausente y lo llevaron hasta la última instancia política: la Suprema Corte, quienes, en julio de 2007, al verse ante los reflectores de la sociedad no dudaron en sacar sus mejores argumentos y echarla abajo. De esta manera, los sectores sociales que se agruparon para conformar la oposición a una legislación nacida de las entrañas de los consorcios mediáticos lograron la cohesión suficiente para detenerla debido a que la praxis crítica focalizó, bajo cierta coyuntura, dos problemáticas estructurales de la lucha por el poder mediático: primero, la necesidad de un nuevo sistema de concesiones y permisos y, segundo, la necesidad de un órgano autónomo regulador; ambos orientados en el contexto de la digitalización que transformará los marcos de la comunicación electrónica en América Latina.

La llamada era de la digitalización a la que la comunicación latinoamericana comienza a incorporarse es una notable oportunidad para que los consorcios televisivos, radiofónicos y telefónicos extiendan el control que mantienen sobre las vías de comunicación electrónicas; debido, según Enrique Sánchez Ruiz (2006), a la ampliación de su horizonte de ventas (y por ende de racionalización cultural) a través de innumerables canales de televisión de paga (tanto satelital como de cable e internet), así como por la radio digital y la televisión en la telefonía celular. Por ende, el umbral de la tecnología de la digitalización determinará qué rumbo tomarán las vías de comunicación masiva en nuestros países para este siglo. Al ejercer su poder de manera fáctica, los consorcios mediáticos presionan a los gobiernos y estafan a sus públicos con los contenidos que promueven lo inmediato y banal de la sociedad de consumo al reproducir la fetichización de las relaciones sociales del capitalismo pueril, mientras preparan el escenario para modificar a su interés los marcos jurídicos de la comunicación. Si esto se lee de acuerdo con Adorno y Horkheimer (2006) en donde dentro de las sociedades de consumo masivo las ideas se convierten en mercancías y el sistema económico se basa en la libertad de compraventa, nos encontramos ante un panorama autoritario que redistribuye en el mercado los bienes culturales de la comunicación como principal objeto de comercio. De esta manera, las industrias culturales se han convertido en las primeras educadoras, en especial la televisión que reemplaza al colegio y a la universidad como espacios de vanguardia reflexiva; y, con la digitalización, los medios electrónicos se simbolizarán como el sistema nervioso de la sociedad futura y principal aparato ideológico de transmisión y reproducción cultural masiva.

Es en este contexto que se comprende la irrupción de la Ley Televisa dentro de la comunicación latinoamericana: fue el intento de uno de los conglomerados de medios dominantes de la región por apropiarse los canales que los nuevos servicios comerciales brindarán. En algunas regiones del mundo la tecnología digital tiene ya varios años de haberse aplicado, las telecomunicaciones unen a las naciones al mismo tiempo que las homogenizan. La globalización se sustenta en la tecnología, y las comunicaciones satelitales comienzan a establecerse bajo una jerarquización comercial: la compañía trasnacional ‘Intsel’ se ha convertido en la empresa más grande del mundo gracias a la fusión con ‘Estados Unidos Pamsat’ quien tiene por clientes a directv, mtv, cnn y bbc), ahora cuenta con 53 satélites y cobertura en 220 países, con los que podrá ofrecer en cada uno simultáneamente los servicios de internet, televisión, radio, telefonía fija y móvil así como datos y cualquier otro servicio futuro que requiera de nuevas tecnologías (Cebrián Herreros, 2005). De esta manera, la digitalización significa que a mayor tecnología mayor número de servicios, lo que convierte a los medios de comunicación en vías de telecomunicaciones al contar con los nuevos servicios en el mismo soporte digital; o, establecido en otros términos, significa mayor monopolización y menor pluralidad ya que, sin una adecuada regulación, la ecuación será: a mayor tecnología menor acceso.

En el caso de la radio y la televisión, la digitalización significa el cambio de soporte además de la compresión de datos en la banda del espectro radioeléctrico cuantificable en Megahertz (Mhz). En estos momentos el espectro funciona con calidad analógica pero se prevé que para antes de 2015 se realice lo que se le denomina el apagón analógico donde la tecnología que actualmente transmite los canales de televisión sea interrumpida para dar paso a la tecnología con calidad digital. Para ilustrar la oportunidad comercial que significa dicho cambio hablaré sobre el sistema de televisión en México, que ha adoptado (al igual que Argentina) la tecnología estadunidense Advanced Televisión System Committee (atsc): hoy, cada canal televisivo de señal abierta utiliza 6 Mhz del espectro radioeléctrico (cada país tiene su estándar que varía mínimamente), cuando la digitalización se haga efectiva cada canal necesitará exclusivamente 2Mhz para transmitir en calidad similar, por lo que el resto quedará libre para ofrecer otros servicios. La discusión se origina en determinar qué hacer con el espacio sobrante. En México, según Trejo Delarbre (2007), el duopolio televisivo a través de Ley Televisa del 2006 buscaba mantener sus sobrantes 4Mhz para utilizarlos y ofrecer telefonía, datos e internet sin pagar contraprestaciones al Estado; el duopolio televisivo no estaba dispuesto a dejar de lado sus espacios asignados analógicamente para quedarse con un tercio de ellos en el sistema digital. Sin embargo, el espectro radioeléctrico, así como el agua y los recursos energéticos son propiedad de la nación, por lo que esos 4Mhz libres, que no están contemplados en la legislación actual para su regulación, deberán, una vez arribada la digitalización, pasar a manos del Estado para distribuirlos de la manera más conveniente.

Durante el sexenio 2000-2006 en México, el cabildeo realizado al interior del gobierno por los monopolios de la comunicación logró influir en seis reformas fundamentales que se encontraban virtualmente encaminadas a otorgar solidez a la democracia pero que, en los términos aprobadas, lograron lo contrario.^[2] El caso paradigmático es la legislación en materia de radiodifusión. La Ley federal de radio y televisión es originaria de 1960, tiene 48 años sin ser modificada de fondo ya que pequeños cambios ha sufrido a lo largo de su historia. Es una ley antigua, fue diseñada para un modelo de comunicación mixto que se ha transformado tanto política como tecnológicamente hasta desfasarse de la praxis requerida para una sociedad sumergida en las telecomunicaciones digitales y de capitalismo rampante. En la década del 70 esta idea ya era sentido común en la academia. Fátima Fernández Christlieb, investigadora de la unam, establecía, en los 70, lo siguiente acerca de la legislación aún hoy vigente:

Las disposiciones jurídicas contenidas en los anales de la legislación sobre radio y televisión, son en su casi totalidad, disposiciones de tipo técnico o facultativo. Es decir, un análisis histórico de la legislación existente sobre radio y televisión, puede constatar que el Estado ha ejercido un papel de administrador y de representante de los intereses industriales y sólo en contadas ocasiones ha actuado como mediador de conflictos sociales… Por esto último consideramos que la legislación de radio y televisión es una manifestación del poder formal del Estado sobre los concesionarios. Huelga decir que el poder real ha correspondido, hasta ahora, a estos últimos” (2001:107).

Y de hecho lo sigue haciendo, las modificaciones realizadas a la legislación de medios en 2006, mejor conocidas como la Ley Televisa, buscaban regalar el sistema de medios digitales de las próximas tres décadas a los dos consorcios ya establecidos que acaparan más del 80 por ciento del espectro radioeléctrico. ¿Qué clase de pluralidad existe en el sistema de comunicación mexicano al ser el duopolio, Televisa y TV Azteca, quienes ostentan el 70 y el 16 por ciento, respectivamente, de las más de 2 mil radiodifusoras en el país? Ofrecen solamente los mismos contenidos a través de distintos canales. (Corral y Cárdenas, 2005; Calleja, 2006).

La Ley Televisa fue una legislación escrita por los abogados y dentro de los edificios de los dos consorcios y contó, al ser presentada en las Cámaras Legislativas, con el abrupto silencio de todos los partidos políticos. Fue aprobada en diciembre de 2005 por el Congreso en tan sólo siete minutos sin votos en contra; en el Senado discutida por varias semanas debido a la interpelación de los movimientos universitarios y medios públicos, para luego ser aprobada en marzo de 2006 y, posteriormente, publicada por el presidente en tan sólo 12 días (cuando solamente 9 de 131 leyes federales durante el mandato de Vicente Fox se aprobaron con tanta rapidez, [Fuentes, 2006]). No existe ejemplo más diáfano para identificar las relaciones viciadas que sostienen el poder formal democrático y los poderes reales mediático-económicos. Si se establece, de acuerdo con Javier Esteinou (1992), que los problemas de los medios de comunicación masiva son los problemas de la sociedad en su conjunto al reflejar la lucha de clases, en México, la disputa por la legislación democrática para la comunicación se definió en el 2006 en términos inversos a los utilizados en la Revolución de 1910: el duopolio defendió sus espacios históricamente cooptados del espectro radioeléctrico de acuerdo a la consigna zapatista de ‘la tierra es de quien la trabaja’, como si las ofrendas obtenidas de gobiernos anteriores y a fuerza del mutismo de los movimientos sociales, fueran un bien legítimo que estipulara un derecho consuetudinario, en detrimento de los medios públicos y comunitarios. La Ley Televisa fue, un año después, en julio de 2007, decretada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la mayor atención que haya suscitado cualquier discusión a su interior.

La relación entre los medios públicos y los movimientos universitarios no es novedosa como lo documenta Fernández Christlieb (2001), es, más bien, intermitente. Se pacta de acuerdo al incesante vaivén político entre los grupos de poder universitario, el origen económico de las radiodifusoras, las acciones del gobierno y las demandas de las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, la actual coyuntura, ante el peligro de extinción que la digitalización y la concentración monopólica significan, los vinculó tácticamente; y se percibe en la advertencia hecha por Xóchitl Gálvez (2006:1), entonces comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al afirmar que “la Ley Televisa veta de opciones reales a los pueblos indígenas de toda la República y predestina a desaparecer a las escasas ocho radio comunitarias que existen en nuestro país”; a esto le sumamos que elimina cualquier posibilidad de que las cientos de comunidades que demandan, en estos momentos, una licitación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la obtengan. Lo que falta por decir, y que Aleida Calleja y Beatriz Solís (2005) han documentado con gran mérito, son la cantidad de trabas impuestas en el exhaustivo y verdaderamente costoso procedimiento que implica el solicitar una frecuencia de am, en cualquier región, para que una comunidad satisfaga sus necesidades de comunicación.

La razón que acrecienta los vínculos entre los movimientos universitarios y los medios independientes es la tradición crítica al sistema de medios en México que las universidades públicas manifiestan (y en estos momentos pienso particularmente en la unam, la uam y El Politécnico Nacional, que son las representativas en el Distrito Federal). Entonces, si bien la academia es la encargada de apuntalar las argumentaciones, la generación actual de trabajadores de los medios públicos ya han sido formados en carreras especializadas en comunicación en esas mismas universidades, lo que les permite generar conciencia de gremio entre los medios públicos (sean universitarios, comunitarios o indigenistas) a diferencia de las décadas de los 70 y 80 donde los trabajadores provenían de facultades de ingeniería, periodismo o administración y quienes eran cooptados como peones políticos por la burocratización mediática.

Por estas razones, propongo una periodización tripartita, basada en el impacto masivo que la crítica a la legislación de medios promovió y que fue incrementando en cada periodo. De esta manera, se detallarán los tres días que son los ejes que impulsaron la movilización para detener a la Ley Televisa en el 2006 a través de la oposición que surge de los vínculos entre las dos agrupaciones ya señaladas. El primero es la jornada posterior a su aprobación en el Senado: el 29 de marzo; el segundo es el 23 de abril, fecha en que se forma el Frente nacional para la democratización de los medios de comunicación; y el tercero, el 4 de mayo, día en que se presenta la controversia anticonstitucional ante la Suprema Corte.

La responsabilidad de los medios radica en que son explotadores de un bien público que, por ley, tiene la obligación de ser de interés público, por ende, de otorgar transparencia y conducirse bajo lineamientos éticos, sociales y culturales. Adicionalmente, los medios públicos son figuras sin finalidad de lucro y definidos muy laxamente en la legislación, lo cual limita las opciones de financiación a una: el Estado; a lo que su principal adversidad es la desprotección bajo la que se encuentran ante la discrecionalidad del gobierno. Por otra parte, el primordial bastión con el que cuentan surgió en 1994, que es la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales. Se creó con la finalidad de delinear los derechos para los medios sin finalidad de lucro y establecerlos como una figura jurídica permanente. Hoy en día cuenta con más de 51 cadenas y radiodifusoras en todo el país, misma que organizó congresos, foros y programas semanales para ampliar la discusión antes y durante el proceso de la Ley Televisa.

Empero, es desde otras radiodifusoras afiliadas a La Red: es desde el Instituto Mexicano de la Radio (imer), que representa a las cuatro radiodifusoras públicas de cadena nacional más importantes del país, desde donde la Ley Televisa fue contundentemente cuestionada. Es ésta la primer fase de la periodización, al realizar una huelga el 29 de marzo de 2006, el día posterior a la aprobación de la ley, al utilizar su frecuencia como una inmensa pancarta multimedia: cancelaron la programación desde la media noche y durante todo el día 29, al reproducir una sola canción que simbolizaba el pensamiento único al que el duopolio y el gobierno habían condenado al sistema de comunicación masiva en México. El repudio continuó, de acuerdo a Esteinou (2007:17), “en la frecuencia de Radio Educación [que] también… modificó la programación desde el mediodía hasta las 24:00 horas, en cuyo espacio se transmitieron mesas de análisis sobre la "Ley Televisa". Radio unam se unió a la protesta y transmitió el programa Plaza Pública, donde se analizó la situación de dicha normatividad abusiva”. Es la importancia de esa acción, del 29 de marzo, con la que los medios públicos se acercan a las manifestaciones que ya habían iniciado los movimientos universitarios. El mismo esfuerzo lo habían venido realizando agrupaciones culturales y civiles que buscaron pluralizar los contenidos y debate sobre el marco jurídico de la comunicación, casos de académicos e intelectuales (quienes mantenían foros y discusiones al interior de las universidades) que publicaron desde periódicos de distribución nacional como son La Jornada, El Universal y Reforma y desde publicaciones periódicas independientes como son Zócalo, Etcétera, Revista Mexicana de Comunicación, Siempre!, Nexos, y los respectivos sitios de Internet de periodismo libre, para alcanzar una inédita cobertura para el periodismo de investigación: 1 625 notas en cinco meses (Solís, 2007).

Una de esas voces fue Aleida Calleja (2006), miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (amarc-México), quien estableció que el principal problema por el que los permisos no son otorgados a las radios y televisoras comunitarias, indigenistas y educativas, se halla en la discrecionalidad con que el Estado mantiene el otorgamiento de las mismas, ya que solamente tiene contemplado a los consorcios con capital político; por lo que se comprende que la oposición a la Ley Televisa haya agrupado a las comunidades que no tienen medios de difusión masiva o que, los que llegan a beneficiarse con una licitación, como es el caso de las radios indigenistas que se agrupan en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, representan solamente el 1.36 por ciento del total de frecuencias de la radio. Es conclusivo que el problema principal en la administración de la radiodifusión en México radica en que no existe un órgano autónomo regulador que se encargue de otorgar de forma plural las frecuencias del sistema de la comunicación en el país. Al igual que el Instituto Federal Electoral (el que no ha carecido de crasos errores, tanto de juicio como estructurales), el órgano regulador de la comunicación debe estar integrado por consejeros elegidos de manera colegiada y evaluados por el Senado y el Poder Judicial; que sean personajes con probada moral y trayectoria brillante en los medios electrónicos, no sólo en los comerciales o como industriales y dueños, sino individuos que hayan mostrado compromiso con la cultura y responsabilidad social. De lo contrario, como sucede en la actualidad, se mantendrá en silencio a las minorías no representadas en los sistemas de producción capitalista al preservar un deficiente sistema de concesiones y permisos: las concesiones entregadas plenamente a los consorcios y los permisos distribuidos entre el resto. La exclusión de estos últimos será maximizada en las siguientes décadas debido al ya mencionado proceso de digitalización que, en palabras de Aleida Calleja, miembro de la (amarc-México), afirma:

La experiencia mundial ha demostrado que no basta con dar el mismo marco jurídico a medios públicos o culturales que a los comunitarios, pues aunque comparten la característica del servicio público sin fines de lucro, su naturaleza, titularidad y formas de funcionamiento son diferentes. Mientras los primeros son propiedad del Estado y se financian del erario, las segundas son de propiedad colectiva ciudadana y su financiamiento depende en buena medida de mecanismos diversos para asegurar su autonomía, independencia y fines comunitarios. (2006a:48)

El vínculo entre medios públicos y los movimientos universitarios se plasmó definitivamente cuando, el 23 de abril de 2006 en el Zócalo del Distrito Federal, corazón político del país, se funda el Frente nacional para la democratización de los medios de comunicación. Una vez que habían transcurrido 30 días de la aprobación de la Ley Televisa, se citó bajo el llamado del entonces senador del Partido Acción Nacional (pan), Javier Corral (aferrado detractor de dicha ley, quien en la actualidad se desenvuelve como catedrático de la unam), a reunirse en la plaza para proponer la acción de inconstitucionalidad que sería presentada ante la Suprema Corte. A ella acudieron estudiantes y docentes universitarios, centros culturales, agrupaciones artísticas, intelectuales, representantes de medios públicos e indigenistas así como los contados senadores. El mismo día siete comunidades indígenas presentaron un documento que demandaba la creación de diversas radios comunitarias en sus regiones.

El evento público en el Zócalo añadió voces que posteriormente fungieron como mediadoras con la Suprema Corte para que la inconstitucionalidad de la Ley Televisa fuera declarada. Se agregaron miembros del escenario político como son la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Federal Electoral; de igual manera dieron un espaldarazo los organismos de derechos humanos y organizaciones trasnacionales como la onu, que aportaron argumentos sobre la necesidad de un órgano autónomo que regule la comunicación ya que, como se mencionó anteriormente, su importancia radica en la representación que en él habría de cada uno de los medios masivos; es necesario que tanto los grandes consorcios como las televisoras estatales, radios universitarias y pequeños radios indigenistas tengan una legislación plural que les demarque el actuar al interés público. Su autonomía le otorgaría independencia del gobierno, a lo que las frecuencias asignadas y sus respectivos refrendos no quedarían a la deriva del gobernante en turno, a sus caprichos y preferencias, como lo argumentó Julio Di-Bella (2006:45), entonces director del canal de televisión pública de El Politécnico Nacional: “el día de mañana, la tentación de un gobierno con apuros económicos es salir a subastar imer, Canal 22 o la Cineteca… de qué democracia estamos hablando si no se tiene el acompañamiento de medios públicos. La televisión en México no puede estar concentrada en un solo grupo por más del 65%”. El órgano autónomo se convierte en el árbitro tan necesitado para los medios electrónicos.

Con dichas adiciones, dentro de las aulas de las carreras y centros de investigación en ciencias sociales de universidades públicas se continuó con el debate, se fomentaron los grupos de estudio, eventos de difusión y recabaron miles de firmas para que la Ley Televisa fuera declarada inconstitucional; situación que llevó a que el espectro de discusión se ampliara también hacia las instituciones de educación superior privadas como son la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam), El Colegio de México y la flacso; al tiempo que se profundizaron los vínculos con asociaciones civiles como son la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (amic), el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (coneicc), y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (amarc); y se crearon otras más, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (amedi) que al día de hoy mantiene la batuta con el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios (www.nuestrosmedios.org) que agrupa ya a más de 70 organizaciones de todo el país y que mantiene una diligente discusión con los legisladores encargados en la formulación de una nueva ley de radiodifusión.

El tercer punto de inflexión es el 4 de mayo de 2006, día en que se presenta la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, quien aceptaría la controversia tan sólo cinco días después. Los firmantes fueron 46 senadores de distintos partidos políticos, con quienes se compartió el peso de la formulación, movilización y autoría intelectual. En esta fase, los esfuerzos provinieron de los canales permisionados de la televisión con cobertura nacional que, por la promoción educativa y debate cultural, mantienen fluida retroalimentación con las audiencias involucradas. En primer lugar los canales pertenecientes a las universidades públicas: siendo el canal 11, de El Politécnico Nacional, canal pionero en la televisión sin fines de lucro y que se caracteriza por contenidos enfocados en prácticas artísticas y manifestaciones vanguardistas de la cultura así como mesas de debate nocturnas por las que han desfilado los intelectuales más prestigiosos del país en las últimas dos décadas; y el canal 44 de televisión de paga, tv unam, quienes, después de 40 años de insistir por un espacio en televisión, la obtuvieron apenas hace tres, sin embargo, la lucha por un canal de televisión abierta la mantienen. En segundo lugar se suman los canales que son propiedad del Estado, como por ejemplo canal 22, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con décadas en la transmisión de contenidos especializados en espacios y agrupaciones de arte, así como con el sistema de ‘educación a distancia’ que transmite programas para la educación básica nacional en horario matutino. Estos tres canales otorgaron el alegato alrededor del cual los movimientos universitarios esgrimieron argumentos para criticar con mayor dureza a la Ley Televisa; y, yendo más allá, para promover el cambio en el sistema de concesiones y permisos que rige la actual ley de radiodifusión, al mostrar la pluralidad de contenidos que se generan con la diversificación de los espacios. Con ello, se propuso la separación de los medios públicos en dos figuras: los medios que transmiten con permiso y los medios de Estado, definiéndolos de la siguiente manera: los medios de Estado, son en los que ‘el manejo se da fundamentalmente por el Estado, aclarando que éste no es lo mismo que gobierno.’ (Ávila, et al., 2002:119), mientras que los medios comunitarios, ciudadanos, alternativos, indígenas, autónomos, populares o libres son ‘aquellos que pertenecen a asociaciones o comunidades específicas. Más que su definición por su tamaño o potencia, ésta se da por su perfil.’ (2002:120) Los medios de Estado tendrán la responsabilidad social como primicia de producción mientras que los medios permisionarios la responsabilidad social de mantener un perfil programático que les permita representar a la pluralidad del auditorio que personifican. La trascendencia de la separación de los medios de Estado de los permisos es inminentemente identificable visto a la luz de la profundidad que el debate de la Ley Televisa alcanzó con los canales pertenecientes al Estado, mismos que no necesariamente estuvieron de acuerdo con las decisiones que el gobierno en turno tomó. Es en esta etapa que dos canales de televisión de paga se convirtieron en los principales medios para obtener información del debate de la ley: el Canal del Congreso y el Canal Judicial, ambos al aire en televisión de paga desde el 2000, transmitieron en vivo cada una de los debates al interior del Senado así como las audiencias públicas a las que acudieron especialistas de todos los ramos de la academia y de los trabajadores de la comunicación. Fue a través de ellos que los reflectores de la atención de la sociedad fueron puestos en el tema de la legislación de medios y del proceso que ulteriormente llevaría al fallo de inconstitucionalidad dentro de la Suprema Corte de Justicia.

La inconstitucionalidad sancionada a la Ley Televisa ocurrió sí porque la Suprema Corte la decretó, sin embargo, la vinculación entre los movimientos universitarios y los medios públicos mostró que la necesaria cohesión para modificar los marcos de la comunicación en América Latina surge de la movilización civil, es decir, de la libre interpretación y difusión intelectual que trasciende los espacios de las cátedras e incorpora sectores antes descartados. En México, el gobierno ha organizado diez foros públicos para discutir la radiodifusión a los largo de los 48 años que la ley de radio y televisión ha tenido vigencia. En ninguno de ellos, salvo a partir del 2002, habían tenido presencia los medios públicos o los científicos sociales; como se dijo en un principio: eran los silenciados hijos bastardos del sistema. El proceso de digitalización para la televisión ha sido sancionado ya en países como Argentina y México al tiempo que la hegemonía de los consorcios regionales no decrece y las leyes en materia de radiodifusión permanecen anticuadas; si los foros públicos en nuestros países no son representativos, es en las plazas donde se deberán demandar los marcos equitativos; si con los observatorios de medios sólo se interpreta, es con las radios comunitarias e independientes con quienes se transforma.

¿Cómo ensanchar los vínculos entre la academia y los medios públicos en el contexto de la digitalización? ¿cómo aportar una visión alterna viable para las legislaciones de radiodifusión a venir? ¿desde qué perspectivas deben ser entendidos los emergentes movimientos sociales? Estos son interrogantes que surgen de la lucha ante los conglomerados mediáticos y de las nuevas alianzas entre movimientos sociales, que la sociología en general y la comunicación en particular deberán discutir ante el panorama contemporáneo. América Latina puede acometer el umbral de la digitalización con sancionadas reformas plurales si demuestra la madurez para apartar las discusiones internas de su izquierda y volcar energías en la obtención de estadios de diálogo con aquellos otros que pertenecen a la tradición crítica; como propuesta, de acuerdo a lo aquí expresado, a partir del nuevo sistema de concesiones, permisos y medios de Estado, así como con el órgano autónomo regulador.

Notas

* Documento presentado en las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Mar del Plata, Argentina, 26 a 28 de septiembre de 2008

[1] A los movimientos universitarios en esta coyuntura se les comprenderá como las iniciativas independientes de docentes y estudiantes que resolvieron tomar las plazas y establecer vínculos con las agrupaciones civiles y medios públicos, fuera de lo que Sartre (1972) denominó en el 68 como la ‘fidelidad sin cuestión’ a cualquier asamblea universitaria o línea directa de los rectorados; de esta manera, trascendieron a lo que José Revueltas (1984), también en el 68, identificó como las anquilosadas confederaciones estudiantiles cuya división en grupúsculos los lleva a ser cooptados por intereses partidarios, así como a los espacios cerrados de cátedras y seminarios al ejercer el compromiso político de difundir la cultura en la sociedad, es decir, de ‘llevar la universidad a la universalidad’. Los movimientos universitarios se convirtieron, así, en críticos de la misma parálisis hoy existente en el saber institucionalizado, herederos de los movimientos del 68 al, de acuerdo con José Revueltas (1984), fijar su posición en las universidades y en la sociedad; asimismo, de acuerdo a Sartre (1972), al dejar en claro que la movilización universitaria se contrapone a los estatutos más burocratizantes de las universidades que generan, ya desde los 60 en Francia y México, un ‘saber sin valor’ que limita la cultura a través de ‘islotes ridículos’ y ‘concursos de ingreso’ para legarla en una ‘pequeña elite’ que los sucederá en la administración del conocimiento. (Agradezco a la biblioteca itinerante eliana por haberme facilitado el documento de Sartre sobre la universidad, el cual me permitió localizar las convergencias entre los movimientos universitarios mexicano y francés de 1968 a partir de dos de sus intelectuales emblemáticos: uno perseguido y encarcelado por su adhesión y liderazgo en la movilización que terminaría con la matanza en Tlatelolco y, el otro, protagonista capital durante las movilizaciones estudiantiles del mayo francés; ambos, ejemplos del pensamiento de izquierda autocrítico, tan exiguo en esos años ante el centralismo estalinista)

[2] Las legislaciones (y sus promotores) son: Ley Federal de Competencia Económica (Telmex, Femsa, Alfa, Infra, Walmart, Televisa, Cemex y Modelo) , Ley de Impuesto sobre el Tabaco (British American Tobacco y Phillip Morris), Ley Federal de Telecomunicaciones (Telmex, Nextel, Televisa y TV Azteca), Ley del Mercado de Valores (TV Azteca), Ley de Inversión Extranjera (Amcham) y Ley de Radio y Televisión (Televisa, TV Azteca, Telmex y cirt) (Reforma, 2006).

Bibliografía

Adorno, Theodor y Max Horkheimer (2006). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, [1969].

Ávila, Irma, Calleja, Aleida y Beatriz Solís (2002). No más medios a medias. Participación ciudadana en la revisión integral de la legislación de los medios electrónicos. México: Senado de la República/uam-x/Fundación Friederich Ebert-México.

Calleja, Aleida (2006, noviembre). “El Estado perdió”. Ley de medios: poder sin contrapesos. Suplemento ‘Perspectivas progresistas’. Zócalo, núm. 81, pp. 8-14

-------- (2006a, marzo). “Como los cangrejos”. Etcétera, núm. 65, pp. 48-49

Calleja, Aleida y Beatriz Solís (2005). Con permiso. La radio comunitaria en México. México: amarc/amedi/Comunicación Comunitaria ac/cmdpdh/Fundación Friederich Ebert-México.

Cebrián Herreros, Mariano (2005, octubre-noviembre). “Globalización de los satélites”. Revisa Mexicana de Comunicación, núm. 95, pp. 14-15

Corral, Javier (2006). “El Recurso de Inconstitucionalidad y la Organización de la Sociedad Civil”. En Discurso en el Zócalo (mimeo) (23 abril). México.

Corral, Javier y Raymundo Cárdenas (2005). Dictamen de la Iniciativa de nueva Ley Federal de Radio y Televisión, [rtf]. México: Senado de la República. Disponible en: http://www.javiercorral.org/article.php3?id_article=623 [16-06-06].

Di-Bella, Julio (2005). “Un paso importante, un primer paso”. En Democracia y medios públicos. México: La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales a.c.

Esteinou, Javier (2007). “La ‘Ley Televisa’ y el extravío comunicativo de la nación mexicana”. En Razón y palabra (60). México. Disponible en: www.razonypalabra.com.mx [11-06-08].

-------- (1992). Los medios de comunicación y la construcción de la hegemonía. México: Trillas, [1983].

-------- (1990). Economía, política y medios de comunicación. México: Trillas.

Fernández Christlieb, Fátima (2001). Los medios de difusión masiva en México. México: Juan Pablos, [1982].

Fuentes, Víctor (2006). “Da Fox ‘fast track’ a la ley Televisa”. En Reforma. México: 12 abril, primera plana

Gálvez, Xóchitl (2006). “Cuestiona Xóchitl celeridad”. En Reforma. México: 1 abril, nacional, p. 7

González Casanova, Pablo (hijo) (1967). La democracia en México. México: era.

Islas Reyes, Laura (2006, enero). “La ley de Televisa”. Etcétera, núm. 63, pp. 3-5

Mejía Barquera, Fernando (2006, febrero). “Televisa: convergencia y madruguete”. Etcétera, núm. 64, pp. 3-12

Reforma (2006). “Mueven empresas leyes”. En Reforma. México: 24 mayo, negocios, p. 10

Revueltas, José (1984). México 68: Juventud y revolución. Obras completas, vol. 15. México: era.

Romo, Cristina (1990). La otra radio. Voces débiles, voces de esperanza. México: Fundación Buendía/imer.

Sánchez Ruiz, Enrique (2006). Medios de comunicación y democracia. Colombia: Norma.

-------- (1992). Medios de Difusión y Sociedad. Notas críticas y metodológicas. México: udg.

Sartre, Jean-Paul (1972). Instrucción ex cátedra y discusión de la crisis del saber universitario y el descontento social. México: unam.

Solís, Beatriz (2007). Inédita cobertura de la prensa escrita a la Ley Televisa, [web]. México: amedi. Disponible en http://www.amedi.org.mx/spip.php?article855 [15-06-08].

Trejo Delarbre, Raúl (2007, julio). “El monopolio monocromático”. Nexos, núm. 355

-------- (coord.) (1985). Televisa, el quinto poder. México: Claves Latinoamericanas.

Vega, Aimeé (2006). “Las claves necesarias para una reforma integral del sistema comunicativo en México”. Declaratoria de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (amic). En Audiencia Pública para la Reforma Integral de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones, México: lix Legislatura, Senado de la República. Disponible en: www.amic.com.mx [15-06-07]

Villanueva, Ernesto (2005). “El papel de los medios públicos en México”. En Democracia y medios públicos, México: La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales.